Argentinar batzuek ikasi dute, euskaldunek ez

1  Jatorrizko bertsioa:

No necesitamos ricos para aplicar políticas de demanda

El rol de los impuestos no es (y no puede ser) el financiamiento del gasto del sector público, afirman Ariel Dvoskin y Agustín Mario: “En la medida que sigamos creyendo que es necesario recaudar impuestos (de los ricos) para financiar el gasto, las políticas de demanda seguirán siendo contingentes”.

Por Ariel Dvoskin y Agustín Mario

La pandemia parece haber dado vuelta la frase “no hay mejor práctica que una buena teoría”. Enfrentados con la crisis económica y social causada por el COVID-19, gobiernos de distintas facciones políticas no han vacilado en hacer oídos sordos a las disquisiciones teóricas sobre el rol del gasto público en los niveles de empleo y actividad, y reconocido en la práctica la necesidad de aplicar políticas de sostenimiento de la demanda para evitar el derrumbe de la producción y el consumo.

Todavía, como toda política que se aplica más por instinto que por convicción teórica, no dejan de aparecer, entre propios y extraños, vacilamientos acerca de sus efectos de más largo plazo, o sobre cómo financiarla en el corto. Ejemplo de esto último es la intención, surgida en el seno de las facciones más progresistas del espectro político local, de cobrar un impuesto a las grandes riquezas para financiar, al menos en parte, la expansión del gasto público. Más allá de su significado moral, al igual que sostienen las voces ‘pro-mercado’, detrás de esta visión se esconde la idea de que los impuestos serían necesarios para financiar el gasto público.

Desde ya, nosotros no nos oponemos al impuesto si se impone por cuestiones distributivas, lo que querríamos cuestionar aquí es su necesidad para financiar la expansión de la demanda, al menos en contextos de desempleo, como los que generalmente se observan en las economías capitalistas modernas.

Como primer paso, puede ser conveniente remarcar que, si aceptamos que la demanda es el primum movens en la cadena productiva, los impuestos recaudados durante el período no pueden financiar el gasto porque son una variable inducida por la propia producción, es decir, un resultado de aquélla. Lejos de ‘robar’ riqueza al sector privado, es el propio gasto público el que la crea ex nihilo -a través de su doble efecto multiplicador y acelerador, respectivamente, sobre el consumo y la inversión-; riqueza que no habría sido creada en su ausencia. Y es, precisamente, sobre esa riqueza generada que en un segundo momento se cobran impuestos, recursos que el estado decide extraer del circuito productivo. Es decir, es el gasto, a través de sus efectos expansivos en la producción, el que financia los impuestos, y no al revés como usualmente se sostiene.  

Como en cualquier país que cuenta con su propia moneda inconvertible, el estado argentino impone obligaciones impositivas pagables únicamente en pesos. Y al hacerlo, define al peso como aquello que es aceptado en pago de impuestos (un crédito fiscal). Los impuestos son, de este modo, condición suficiente -aunque no necesaria- para crear una necesidad continua por el peso (y darle valor): taxes drive money.

Como únicamente el sector público (consolidado) puede crear pesos en términos netos, el estado debe gastar antes de que los privados peso puedan pagar el impuesto (¿de dónde sacamos las entradas para ir a la cancha si no se “emiten” primero?). El emisor no necesita recaudar para poder gastar (si se pagan impuestos en efectivo, éste puede ser literalmente destruido); en realidad, es el sector privado el que necesita que el emisor gaste para poder pagar el impuesto. Y de hecho, en un hipotético primer período de la economía, es imposible para el emisor tener superávit.

Pero, entonces, si el emisor no necesita recaudar (y/o pedir prestado) para gastar, ¿por qué no eliminar los impuestos? Como dijimos, la obligación impositiva cumple el rol de asegurar la aceptabilidad de la moneda que emite el estado.  

Desde ya, los gobiernos de turno pueden atarse a una regla fiscal, y restringir su nivel de gasto a la recaudación pasada. Si bien podría pensarse que en ese caso el gobierno sí financia sus gastos con impuestos, el hecho es sin embargo que esa regla nada tiene que ver con una necesidad económica, sino a una auto-imposición, muchas veces motivada por razones políticas –por ejemplo, limitar la magnitud del gasto público por sus potenciales efectos  distributivos a través de la creación de empleo-, o simplemente a un incorrecto entendimiento de cómo funcionan las economías de mercado, que termina actuando como una profecía auto-cumplida. Un paralelismo puede ser el default en moneda local. Es obviamente posible que un gobierno decida caer en default en su propia moneda. Pero eso no significa que haya una necesidad económica detrás; de hecho, un gobierno siempre se encuentra en condiciones de honrar sus deudas en moneda doméstica emitiendo dinero.

Mencionamos al inicio que otra preocupación sobre el financiamiento del gasto con emisión monetaria (o crédito) son sus efectos de más largo plazo, en particular sus efectos inflacionarios. Ahora bien, sin pleno empleo de los recursos, no hay razón para que, ceteris paribus, el gasto público sea inherentemente inflacionario, incluso en el corto plazo, debido a que, precisamente para dar respuesta a los picos de demanda, las empresas operan normalmente por debajo del máximo de su capacidad productiva. Pero no suelen faltar las voces que afirman que, en una economía como la Argentina, el ahorro generado durante el período podría ‘canalizarse’ hacia el dólar, y ello repercutir en última instancia en los precios. Creemos que aquí hay una confusión entre flujos y stocks. El ahorro del período es un flujo que aparece como resultado de la producción. Por definición, el ahorro es en pesos. La decisión de qué hacer con él cuando toma la forma de riqueza ya acumulada es una decisión estrictamente de cartera que, como tal, se ve influida esencialmente por el rendimiento de los diferentes activos.

Aquí vale la pena notar que, así como no es necesario recaudar para gastar, el emisor tampoco necesita pedir prestado (vender bonos) para realizar sus erogaciones. La razón por la que lo hace es poder fijar la tasa de interés de referencia y, de este modo tener una herramienta necesaria, aunque no siempre suficiente, para estabilizar del tipo de cambio y así influir en la distribución del ingreso. De hecho, si la tasa es lo suficientemente atractiva, es decir si compensa, al menos, la tasa de interés internacional y la tasa de devaluación esperada, no hay razón para suponer una dolarización masiva de carteras. Ello no significa, obviamente, que el manejo de la tasa sea suficiente para controlar episodios extremos como una corrida cambiaria. De todos modos, lo que queremos hacer notar es que este potencial problema de la dolarización de carteras es independiente de los efectos expansivos del gasto público y su modo de financiación, que es lo que nos interesa discutir aquí.

Para finalizar, queremos realizar la siguiente consideración: que el gasto público no requiera de impuestos para financiarse en nada implica negar las potenciales restricciones que puede enfrentar este tipo de políticas. Es conocido que los países con matrices industriales incompletas, enfrentan recurrentemente un problema de financiamiento conocido como restricción externa. De todos modos, en un contexto como el actual, donde la merma en el nivel de actividad parece hacer afectado más negativamente a las importaciones que a las exportaciones, la escasez de dólares como resultado de las necesidades de la producción aparecen como un problema secundario. También debe prestarse atención a las potenciales restricciones de oferta que puede enfrentar la economía en el actual contexto de aislamiento social, donde no todos los sectores productivos podrán responder a un incremento en la demanda.    

En conclusión, en la medida que sigamos creyendo que es necesario recaudar impuestos (de los ricos) para financiar el gasto (y, así, “a la Robin Hood”, ayudar a los pobres, luchar contra el COVID19, etc.), las políticas de demanda seguirán siendo contingentes en que los ricos sigan siendo ricos; no hay motivos para perpetuar esta creencia: el rol de los impuestos no es (y no puede ser) el financiamiento del gasto del sector público.

2 Ingelesezko bertsioa, Google translation:

We don’t need rich people to apply demand policies

The role of taxes is not (and cannot be) the financing of public sector spending, affirm Ariel Dvoskin and Agustín Mario: “As we continue to believe that it is necessary to collect taxes (from the wealthy) to finance spending, demand policies will remain contingent. “

By Ariel Dvoskin and  Agustín Mario

The pandemic seems to have turned the phrase “there is no better practice than a good theory.” Faced with the economic and social crisis caused by COVID-19, governments of different political factions have not hesitated to turn a blind eye to the theoretical disquisitions on the role of public spending in levels of employment and activity, and recognized in practice the the need to apply demand support policies to avoid the collapse of production and consumption.

Still, like any policy that is applied more by instinct than by theoretical conviction, vacillations about its longer-term effects, or about how to finance it in the short term, do not stop appearing, between own and strangers. An example of the latter is the intention, which arose within the most progressive factions of the local political spectrum, to collect a tax on great wealth to finance, at least in part, the expansion of public spending. Beyond its moral significance, just as the ‘pro-market’ voices maintain, behind this vision lies the idea that taxes would be necessary to finance public spending.

Of course, we do not oppose the tax if it is imposed for distributional reasons, what we would like to question here is its need to finance the expansion of demand, at least in contexts of unemployment, such as those generally observed in modern capitalist economies. .

As a first step, it may be worth noting that, if we accept that demand is the primum movens in the production chain, taxes collected during the period cannot finance spending because they are a variable induced by production itself, that is, a result of that. Far from ‘stealing’ wealth from the private sector, it is public spending itself that creates it ex nihilo -through its double multiplier and accelerator effect, respectively, on consumption and investment-; wealth that would not have been created in his absence. And it is precisely on that generated wealth that in a second moment taxes are collected, resources that the state decides to extract from the productive circuit. That is to say, it is the expense, through its expansive effects on production, that finances the taxes, and not the other way around as is usually held.  

As in any country that has its own inconvertible currency, the Argentine state imposes tax obligations payable only in pesos. And in doing so, it defines the peso as that which is accepted in payment of taxes (a tax credit). Taxes are, in this way, a sufficient condition – although not necessary – to create a continuous need for weight (and give it value): taxes drive money.

Since only the public (consolidated) sector can create pesos in net terms, the state must spend before the private pesos can pay the tax (where do we get the tickets to go to the field if they are not “issued” first?) . The issuer does not need to collect to spend (if taxes are paid in cash, it can literally be destroyed); in fact, it is the private sector that needs the issuer to spend in order to pay the tax. And in fact, in a hypothetical first period of the economy, it is impossible for the issuer to have a surplus.

But then, if the issuer does not need to collect (and / or borrow) to spend, why not eliminate taxes? As we said, the tax obligation fulfills the role of ensuring the acceptability of the currency issued by the state.  

Of course, the governments in office can be tied to a fiscal rule, and restrict their level of spending to past collection. Although it might be thought that in this case the government does finance its expenses with taxes, the fact is, however, that this rule has nothing to do with economic need, but rather with self-imposition, often motivated by political reasons – for example , limit the magnitude of public spending due to its potential distributive effects through job creation-, or simply a misunderstanding of how market economies work, which ends up acting as a self-fulfilling prophecy. A parallelism can be the default in local currency. It is obviously possible for a government to decide to default on its own currency. But that does not mean that there is an economic need behind; in fact,a government is always in a position to honor its debts in domestic currency by issuing money.

We mentioned at the outset that another concern about financing spending with monetary issue (or credit) is its longer-term effects, in particular its inflationary effects. However, without full use of resources, there is no reason that, ceteris paribus, public spending is inherently inflationary, even in the short term, because, precisely to respond to peaks in demand, companies operate normally below the maximum of its productive capacity. But there is usually no shortage of voices stating that, in an economy like Argentina, the savings generated during the period could be ‘channeled’ towards the dollar, and this would ultimately affect prices. We believe there is a confusion here between flows and stocks. The savings of the period is a flow that appears as a result of production.By definition, savings are in pesos. The decision of what to do with it when it takes the form of already accumulated wealth is a strictly portfolio decision that, as such, is essentially influenced by the performance of different assets.

Here it is worth noting that, just as it is not necessary to collect to spend, the issuer also does not need to borrow (sell bonds) to carry out their expenditures. The reason for doing so is to be able to set the reference interest rate and, in this way, to have a necessary tool, although not always sufficient, to stabilize the exchange rate and thus influence the distribution of income. In fact, if the rate is attractive enough, that is, if it compensates at least the international interest rate and the expected devaluation rate, there is no reason to suppose a massive portfolio dollarization. This obviously does not mean that the rate management is sufficient to control extreme episodes such as a currency run. Anyway,What we want to point out is that this potential problem of portfolio dollarization is independent of the expansive effects of public spending and its mode of financing, which is what we are interested in discussing here.

To finish, we want to make the following consideration: that public spending does not require taxes to finance itself, it implies denying the potential restrictions that this type of policy may face. It is known that countries with incomplete industrial matrices recurrently face a financing problem known as external restriction. In any case, in a context such as the current one, where the decrease in the level of activity seems to affect imports more negatively than exports, the shortage of dollars as a result of the needs of production appears as a secondary problem. Attention should also be paid to the potential supply restrictions that the economy may face in the current context of social isolation,where not all the productive sectors will be able to respond to an increase in demand.    

In conclusion, as long as we continue to believe that it is necessary to collect taxes (from the wealthy) to finance spending (and, thus, “to Robin Hood”, help the poor, fight against COVID19, etc.), the demand policies will continue to be contingent on the rich remaining rich; there is no reason to perpetuate this belief: the role of taxes is not (and cannot be) the financing of public sector spending.